Ejecutivos de las compañías integrantes del cartel se coordinaban en comunicaciones que posteriormente borraban. Por la época en que ocurrieron los hechos no es aplicable la normativa que tipificó la colusión como un delito.
La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), en el que acusa de colusión a las cuatro principales empresas productoras de alimentos para salmón: Biomar Chile S.A., Comercializadora Nutreco Chile Limitada, Ewos Chile Alimentos Limitada y Vitapro S.A.
La FNE dijo que las empresas tuvieron un acuerdo para fijar los precios entre los años 2003 y 2015 y pidió una multa de 30.000 unidades tributarias anuales (UTA) a cada empresa, lo que implica un total de aproximadamente US$ 70 millones.
Las empresas son las únicas que comercializan alimentos para salmones en el país, por ende sus clientes debieron pagar los precios fijados por el cartel, debido a la inexistencia de alternativas.
La entidad sin embargo, pidió que se exima de la multa a Ewos, quien delató la existencia del acuerdo. El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, dijo que “en este caso, nuestra investigación tuvo como punto de partida la confesión de uno de los integrantes del cartel, lo que no hace sino ratificar el rol esencial que la delación compensada cumple en la detección y persecución de la colusión”.
La forma de operar de las empresas, según detalló la FNE, apuntaba a la coordinación de los precios de las dietas (los alimentos para salmones) y de los volúmenes de abastecimiento para sus clientes, y también, por la coordinación de precios de algunas de las materias primas relevantes que componen el alimento y que cobraban en las listas de precios.
De acuerdo con el requerimiento, ejecutivos de las compañías se coordinaban por correo, reuniones y llamados telefónicos, de los cuales intentaban eliminar rastros.
En dichas comunicaciones, el cartel era mencionado en clave como “el club de toby” o la “familia ugalde”, en tanto que a la competencia la denominaban “rojos”, “verdes” o “azules”.
Por la época en que ocurrieron los hechos, en el caso no se aplica la modificación legal que tipificó la colusión como un delito.
