Nacional

La agencia ANI, un servicio de inteligencia, sin inteligencia: Sus investigaciones y fracasos al Estado le cuesta anualmente $6.680.547.000 pesos

La ANI, “el patito feo”

Desde su creación en 2004, cuando reemplazó a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi), el primer organismo de inteligencia civil creado por ley en Chile, la ANI ha sido considerado una suerte de “patito feo” del sistema de inteligencia.

Es un organismo que nace limitado por las desconfianzas y los traumas del pasado reciente, señalan parlamentarios que participaron en el debate de las leyes que dieron vida primero a la Dispi y luego a la ANI. Hasta hoy, el recuerdo del sangriento papel que cumplieron los servicios de seguridad durante la dictadura ha dificultado el fortalecimiento de la ANI.

Según cifras informales, hay 800 uniformados chilenos adscritos al Servicio Secreto de la Defensa Nacional. La ANI, en cambio, tiene 128 funcionarios y solo puede emplear informantes pagados.

Los métodos empleados por el organismo que se conocería simplemente como “La Oficina” en los primeros años de la transición tampoco ayudaron a dejar atrás esos traumas. Pese a que la labor de “La Oficina” fue exitosa en la desarticulación de los grupos de ultraizquierda que seguían empleando la violencia como arma política -en particular el Mapu Lautaro, algunas pequeñas facciones del MIR y los remanentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo- no fue gracias a un trabajo de inteligencia moderno, sino más bien a la delación de exmilitantes de izquierda que habían dejado las armas y que conocían bien a sus exsocios en la vía insurreccional.

La discusión suele enredarse en si la ANI debe tener facultades operativas, con agentes encubiertos en terreno, como tienen los organismos de Inteligencia de las ramas de la Fuerzas Armadas. Según cifras informales, actualmente hay 800 uniformados chilenos (del Ejército, Armada y Aviación) adscritos al Servicio Secreto de la Defensa Nacional realizando funciones operativas en el extranjero y de contrainteligencia en Chile. La ANI, en cambio, solo puede emplear informantes pagados para obtener información.

No solo eso. Al igual que con la discusión respecto del fortalecimiento de la ley antiterrorista, señalan políticos de gobierno y oposición, el conflicto mapuche y los métodos utilizados por los organismos de Inteligencia y de seguridad del Estado, también han dificultado el debate para modernizar y reforzar el sistema de Inteligencia nacional.

Hasta ahora, y pese a que el tema reflota cada vez que se detona algún artefacto explosivo, no se ha dado urgencia a la tramitación del proyecto de ley que modifica a la ANI.

En la derecha política tampoco hay consensos sobre este tema. Muchos parlamentarios del sector tampoco se atreven, a la luz de las experiencias pasadas, a obligar a las autoridades políticas a ser quienes definan los objetivos de la inteligencia, dispongan de los recursos necesarios para el cumplimiento de esas metas y exijan resultados acordes. “Nadie quiere hacerse responsable de lo que puedan hacer los servicios de Inteligencia al momento de ejecutar las misiones”, señalan funcionarios de organismos de Inteligencia chilenos. Esta misma frase también se escucha entre expertos y autoridades del área de la Defensa.

Así, a 15 años de su creación, la ANI sigue siendo un organismo pequeño.
Según el balance de gestión integral 2018 que presentó la ANI el 22 de marzo pasado a la Dirección de Presupuesto (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, los ingresos devengados de la agencia fueron $ 6.680.547.000 durante el año pasado. La mayor parte del presupuesto ($ 5.475.925.000) se destinó a gasto de personal.

El balance financiero final dio cifras negativas. El año pasado, la ANI quedó con un déficit de más de 63 millones de pesos.

El número de funcionarios de la ANI tampoco se ha modificado significativamente en el tiempo. Al día de hoy, 128 personas prestan servicios en la agencia de Inteligencia. De ellas, casi 30 se dedican a labores directivas, administrativas y auxiliares, ocho técnicos y 90 analistas de inteligencia. Estos últimos son el estamento clave del servicio.

Expertos en Inteligencia señalan que capacitar a un analista para que llegue a ser considerado “especialista en un área determinada” puede tardar hasta 10 años.

Justamente ahí radicaría uno de los problemas centrales de la ANI.

En 2018, tras el cambio de gobierno y la llegada de Luis Masferrer a la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia, se fueron más de 12 analistas generales senior por distintas razones.
El desmantelamiento afectó dos áreas específicas: el Departamento de Ciberseguridad y, con mayor fuerza, el Departamento de Violencia Política. Este último es precisamente el encargado de recoger y sistematizar la información sobre los grupos anarquistas y de los llamados ecoterroristas, responsables de la instalación de artefactos explosivos en lugares públicos y del envío de paquetes-bomba en los últimos años.

En 2014, tras el atentado cometido por el anarquista Juan Flores -condenado a 23 años de cárcel- en el centro comercial Subcentro de la Estación Escuela Militar, donde resultaron heridas 14 personas, el Departamento de Violencia Política de la ANI llegó a estar conformado por cerca de 15 funcionarios, la mayoría de ellos profesionales, principalmente abogados, sicólogos y sociólogos.

La agencia ha mantenido bajo secreto la nueva forma en que está estructurado el trabajo del Departamento de Vigilancia Política.

Hasta ahora es poco lo que se sabe. Dos tercios del equipo, aproximadamente, tienen el rol de “analistas generales”. Su misión es recoger información de fuentes abiertas, como el análisis de páginas web en las que se difunden contenidos e información de grupos anárquicos. En esa lista se encuentra el sitio Contrainfo, donde el 29 de julio pasado se difundió el comunicado del grupo autodenominado “Cómplices sediciosos /Fracción por la Venganza”, que se adjudicó los atentados explosivos contra la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba y el exministro Hinzpeter.

El fiscal Héctor Barros junto al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, tras incautar el paquete explosivo enviado a las oficinas de Quiñenco.

También se examinan fuentes cerradas. Con una autorización previa de un ministro de Corte de Apelaciones, pueden interceptar llamadas telefónicas, correspondencia privada y mensajes de texto transmitidos por algunas redes sociales. Cercanos al organismo aseguran que estas medidas intrusivas recién se comenzaron a solicitar después de la llegada de Masferrer.
La información de fuentes cerradas también proviene de los informantes pagados. En sus mejores tiempos, el departamento de Vigilancia Política llegó a contar con 30 informantes pagados en forma mensual. Son personas que, por sensibilidad política o trayectoria, son cercanos a los grupos radicalizados que están operando en la actualidad.
Los informantes no hacen análisis; simplemente transmiten datos que consideran importantes para la ANI. Jamás van a sus oficinas, sino que se reúnen en lugares públicos con los llamados “oficiales de caso”. La agencia llegó a tener “cinco oficiales de caso” para el monitoreo de grupos anarquistas. Cada uno de ellos estaba a cargo del contacto con cinco o seis informantes.

Solo el “oficial de caso” conoce a su informante, con el que ha generado una relación de extrema confianza.

Expertos dicen que la formación de un especialista en un área puede tardar hasta 10 años. Tras la llegada de Masferrer a la ANI, se fueron más de 12 analistas generales seniors por distintas razones.

Y ahí reside otra debilidad de la ANI. Desde el año 2018, no solo salieron varios analistas generales desde el departamento de Violencia Política, sino que tras la llegada del exfiscal de Curacaví, Cristián Cáceres, a la jefatura de esa unidad, se retiraron “varios oficiales de caso”, lo que significó, a su vez, la pérdida hasta ahora de un número desconocido de informantes. Todo ello, afirman algunos expertos y funcionarios consultados, ha redundado en una mayor precarización del contenido de los informes secretos que elaboran los analistas de la ANI.

El frente interno

Los problemas por cambios internos no son solo a nivel de analistas. En diciembre pasado renunció el contraalmirante (R) David Hardy Videla, quien había llegado a la ANI a inicios de ese mismo año para convertirse en una suerte de subdirector -cargo que no existe formalmente-. La idea era que este marino y exdirector de Inteligencia de la Defensa aportara no solo su expertise técnica, sino que también lograra conformar un tándem con Masferrer para mejorar la coordinación con los otros servicios de las Fuerzas Armadas.

Hardy y Masferrer, según fuentes de gobierno, no tuvieron una buena relación y todo indica que el contraalmirante en retiro no estuvo de acuerdo con algunas de las contrataciones que hizo Masferrer para llenar cargos de jefaturas con personas que no tenían experiencia en Inteligencia.
La situación es compleja, afirman funcionarios de la ANI consultados por Reportajes. Porque a los problemas internos de la agencia se suma el desmantelamiento de la Dirección de Inteligencia de Carabineros tras el escándalo del caso Huracán, con la cual mantenían una relación fluida. En la actualidad, los canales están prácticamente cortados. La insólita pugna en las oficinas de Correos así lo refleja.

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