El coronel de Ejército en retiro Cristián Labbé Galilea fue sentenciado a 3 años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos, “en su carácter de lesa humanidad”, así como a “la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena”.
El ministro en visita Álvaro Mesa consideró en su fallo que el ex ministro de la dictadura y también ex alcalde de Providencia fue autor de torturas en contra de Harry Cohen en noviembre de 1973, en la ciudad de Panguipulli, Región de Los Ríos.
“En consideración a la pena impuesta y atendido razonado anterior respecto la ley 18.216 no se le concede ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la pena. Debiendo, en consecuencia, cumplir la pena efectiva a la que ha sido condenado”, detalla la resolución.
No obstante, “le servirán de abono los días que ha permanecido privado de libertad esto es, en prisión preventiva desde el día 18 de abril hasta el día 15 de mayo de 2017 (…) y en arresto domiciliario total desde el día 15 de mayo de 2017 hasta el día 06 de junio de 2017”.
Cohen, de 26 años en la época y estudiante de Electrónica, viajó a Futrono desde Santiago, porque ayudada a familiares con el negocio familiar, siendo detenido en la residencia de los mismos.
Luego, con otros presos, fue trasladado en helicóptero hasta Panguipulli, donde fue interrogado por tres militares.
En la sentencia se agrega que la víctima “pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito (…) quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita” y que “en dicho interrogatorio conectaron electrodos en su tobillo y muñecas, los cuales en forma sistemática producían descargas eléctricas cada vez más intensas, al mismo tiempo en que era interrogado”.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), recalcó que “la condena es muy baja, por lo que significó como agente de la DINA Cristián Labbé, como se blanqueó en democracia, pero que los sobrevivientes de la tortura hayan logrado aclarar esto, llegar a la verdad y hacer justicia, aunque sea a medias, es bien recibido, porque es reparatorio para la víctima, pero también para esta sociedad”.
Además, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 30 millones de pesos a la víctima.
