El fotógrafo que vino a morir a Chile

Vivió una década exiliado en Estados Unidos. Desde pequeño decía que quería volver, para trabajar como fotógrafo de prensa y así cubrir las protestas y la represión policial. A los 19 años lo cumplió. Rodrigo Rojas de Negri alcanzó a vivir sólo dos meses en el país de Pinochet. El 2 de julio de 1986 una patrulla militar lo detuvo en una manifestación, junto a la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana. En un caso que horrorizó al mundo ambos fueron quemados vivos por los militares y abandonados moribundos en los límites de Santiago. Rodrigo murió poco después. Carmen Gloria logró sobrevivir. Las familias de ambos aún buscan justicia. Esta es la historia del joven fotógrafo que inspiró parte del séptimo capítulo de la segunda temporada de Los archivos del cardenal, reporteada y escrita por dos alumnos de Periodismo UDP.

Por Isidora Alcalde y Lowry Doren E

Ella vive en la población Los Nogales, en Estación Central. Está allí realizando una “Porotada” de fin de semana, organizada por los alumnos de la Universidad de Santiago (USACH). La joven de 18 años, de tez morena y cabello oscuro, estudiante de ingeniería de ese plantel, está focalizada en sacar a los niños del estrés generado por la represión que sufre el barrio en cada protesta. Reparte dulces, juega al luche y salta la cuerda. A los padres les entrega panfletos para informarlos sobre el paro nacional de la semana entrante, fijado para el miércoles 2 y jueves 3 de julio de 1986. En ese momento aparece alguien a quien nunca antes ha visto. Le atraen inmediatamente sus casi 2 metros de altura (1,93, para ser exactos), el pelo negro rizado, piel clara y ancha espalda.

-¿Quién es ese joven tan atractivo?- le pregunta a una compañera de universidad.
-Es un fotógrafo que viene llegando de Estados Unidos

Esa fue la primera vez que Carmen Gloria Quintana vio a Rodrigo Rojas de Negri. Tres días después, ambos serían víctimas de uno de los hechos más brutales de la dictadura: mientras participaban en una protesta fueron quemados vivos por una patrulla militar. Aunque quedaron con más del 60 por ciento de sus cuerpos con graves quemaduras, no corrieron la misma suerte. Ella sobrevivió a duras penas y se transformó en el rostro de las atrocidades del régimen. El joven de 19 años murió a los cuatro días. Antes, sin embargo, alcanzó a declarar ante dos jueces que los autores de la agresión habían sido militares.

Autorretrato 1984-1986.
Cortesía archivo fotográfico Rodrigo Rojas de Negri. Verónica de Negri/Montserrat Rojas Corradi /Lucy Quezada/Jaime Cuevas.

Rodrigo Rojas había vuelto a Chile tras diez años de exilio, para retratar con su cámara las protestas y la represión, y para contribuir con los esfuerzos para derrocar a la dictadura. Venía de una familia de fuerte compromiso político y, a pesar de la distancia, nunca dejó de sentirse chileno y de izquierda. Una de las certezas de su familia, que hasta hoy espera justicia por el crimen, es que murió en el país que amaba, trabajando en lo que más quería.

“Enceremos, enceremos”
Amanece el 11 de septiembre de 1973. Los habitantes de Valparaíso están entre los primeros en enterarse de que el tan anunciado golpe de Estado es un hecho: la Armada toma desde muy temprano el control de la ciudad. A las 07.00, la casa en el puerto donde vive Rodrigo, de seis años, es allanada por infantes de marina que preguntan por su madre, Verónica de Negri. “No está”, miente ella. Los efectivos se llevan libros que consideran peligrosos. Cuando se van, el pequeño Rodrigo corre a buscar una Biblia para niños, sale en busca del jefe de patrulla y se la regala.

-Toma, esto es para ti- le dice el niño.
-No, gracias- responde el uniformado.
-Déjatela, porque no te llevaste a mi mamá.

Aunque el engaño ha quedado al descubierto, los marinos se marchan sin detener a Verónica.

La casa era grande y antigua. Estaba a cinco cuadras de “La Sebastiana”, la casa de Pablo Neruda en el puerto. Era de los abuelos de Rodrigo: Antonio De Negri, un liberal de derecha, y María de los Ángeles Quintana, una beata conservadora. El matrimonio tenía seis hijos, que antes del golpe vivían con ellos y que con el tiempo se fueron politizando: había un militante del MIR, un humanista cristiano, un radical y tres miembros de las Juventudes Comunistas. En ese ambiente de fuerte compromiso político se crió el hijo de Verónica. El padre del niño, oriundo de Talca, siempre fue una figura ausente.

Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, en el funeral de su hijo.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

En ese hogar de clase media acomodada todos los domingos, para el almuerzo, la abuela organizaba una tallarinata, a menudo con amigos invitados. El tema recurrente era la política. Rodrigo, entonces primer nieto y regalón del clan, escuchaba.

Verónica militaba en las Juventudes Comunistas y había estudiado Economía, carrera que abandonó por su enfoque demasiado neoliberal. Comenzó a tomar cursos universitarios sobre marxismo. Se compró un ejemplar de El capital, de Marx, que le leía en voz alta a su hijo, para que se durmiera por las noches. “Muchas veces llegaba cansada y él me preguntaba las cosas exactas, que me hacían analizarlo desde otro ángulo. Era muy hábil”, recuerda Verónica De Negri.

Rodrigo tenía tres años cuando participó en una marcha por Salvador Allende. Fue el primer acto político al que asistió. Mientras todos cantaban “¡Venceremos, venceremos…!”, él pronunciaba “Enceremos…”.

Niño fotógrafo
En junio de 1986, en plena dictadura militar, el joven fotógrafo Álvaro Hoppe, de la revista opositora APSI, se sube a la Línea 1 del Metro de Santiago. Lo acompaña su nuevo amigo Rodrigo Rojas De Negri, quien ha llegado hace poco desde Washington y habla con un inconfundible acento gringo.

Desde mayo de 1983 que el país viene siendo sacudido por masivas protestas callejeras. En agosto de ese año el régimen decidió responder con fuerza: los militares salieron a la calle y las manifestaciones terminaron con cerca de 30 muertos, varios de ellos a bala. Un mes después, en agosto de 1983, el Movimiento Democrático Popular (MDP) -que incluía al PC, MIR y al PS-Almeyda- llamó a otra marcha, que terminó con más fallecidos. Pero las protestas no se detuvieron; al contrario, aumentaron con los llamados a paro nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores. Ya a comienzos de 1986, tras fallidos diálogos entre el régimen y la Alianza Democrática -antecesora de la Concertación- se organizó la Asamblea de la Civilidad, un frente amplio de sindicatos, federaciones estudiantiles, colegios profesionales y otras organizaciones de base, que comenzó a liderar las protestas.

Ese es el país por el que De Negri y Hoppe caminan en junio de 1986. Los dos se dirigen a una de las tantas protestas de esos días. Van con sus bolsos fotográficos colgados al hombro, dispuestos a capturar imágenes de una protesta. Cerca de la estación de metro Salvador, en Providencia, hay dos efectivos de Carabineros, vigilantes.

-Les voy a sacar una foto- dice De Negri.
-Yo no lo haría, pero tú estás grandecito- le responde Hoppe, en voz baja.

Ante el asombro de su colega, Rodrigo saca la cámara y camina hacia su objetivo. Sin temor habla con los uniformados hasta que los convence. Toma la foto y regresa. “¡Buena, hueón! Pucha que erís buen fotógrafo”, lo felicita Hoppe.

Verónica de Negri, su madre, afirma que Rodrigo siempre fue curioso. “Todo le parecía atractivo. Era muy inteligente”, recuerda.

Reconstitución de escena “Caso Jóvenes Quemados”.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Además, era perfeccionista. A los seis años su madre lo mandó desde Valparaíso a Santiago por dos semanas, a la casa de una tía, la mirista y abogada Amanda De Negri. Amanda vivía con Patricio Jorquera, de 19 años, quien trabajaba en un cuarto oscuro de la casa, revelando los microfilms del periódico clandestino del MIR El Rebelde. Rodrigo, quien pasaba días enteros ayudándole, se apasionó por la fotografía.

Con la venta de una colección de estampillas compró sus primeros materiales fotográficos. Su madre pensaba que era sólo un juego de niño. Luego llegaría su primer autorretrato, tomado con una cámara Minolta. Estaba por cumplir siete años.

Vivir en Washington
Antes de 1975, el niño se trasladó a Canadá junto a su abuela y tres de sus tíos: Mónica, Domingo y Nora. Su madre y su abuelo se quedaron. La familia estaba decidida a darle al menor una infancia lejos de la dictadura y sus persecuciones. En Quebec, una urbe grande y moderna, ubicada al este de Canadá, Rodrigo vivió un año. Aprendió a tocar flauta, le gustaba patinar en hielo y dedicaba horas a revelar fotos junto al ex esposo de su tía Amanda, Germán Ochseniud, un dentista fanático de la fotografía.

Su madre, que seguía viviendo en Valparaíso, fue apresada en 1975 por la DINA, acusada de imprimir clandestinamente propaganda política de las Juventudes Comunistas. Estuvo más de dos meses desaparecida. “Mi papá recorrió el país entero buscándome e incluso llegó a hablar con el ‘Mamo’ Contreras”, cuenta ella desde Washington DC. El jefe de familia no se imaginaba que su hija estaba en el centro de incomunicación de Cuatro Álamos, específicamente en la celda Nº 6, junto a otras dos detenidas. Sufrió abusos físicos y psicológicos.

Recién en 1977 logró salir del país junto a su hijo menor, Pablo Oyarzo. Se estableció en la capital de Estados Unidos. Gracias a un programa de reunificación familiar de la Cancillería chilena, logró llevarse a vivir a Rodrigo a esa ciudad.

Al principio, la vida de Verónica en Washington no fue fácil. Partió trabajando como camarera. Rodrigo ya no tenía las comodidades de Quebec y muchas veces tuvo que cumplir el rol de padre con su hermano menor. A sus 12 años decidió colaborar en el caso judicial del ex canciller Orlando Letelier, quien había sido asesinado un año antes en Washington por la DINA. Verónica cuenta que tenía que concurrir a diario a la corte, llevando documentos para el proceso. Por las tardes le sacaba fotocopias a las audiencias, las que luego leía a Isabel Margarita Morel, viuda de Letelier. Le pagaban 10 dólares por cada documento reproducido. Fue así como juntó 387 dólares para comprar su primera cámara, una Nikon F2. “El problema estaba en que no iba a clases por estar revelando”, recuerda su madre.

Reconstitución de escena “Caso Jóvenes Quemados”.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Chile nunca dejó de estar presente en la cotidianidad familiar. Rodrigo no se sentía parte de la cultura estadounidense. Participaba activamente en un grupo folclórico de la comunidad chilena. También mantuvo un fuerte compromiso político. Junto a su madre asistía a las actividades de Chile Democrático, la oficina creada por los partidos de la UP para coordinar la solidaridad internacional. Se sentía chileno y de izquierda. Decía que apenas cumpliera los 18 años volvería a su país.

La Cobardia Militar

Rodrigo Andrés ROJAS DE NEGRI, de 19 años de edad, era fotógrafo. Residía habitualmente en los Estados Unidos y se encontraba en Chile desde seis semanas antes de los hechos que terminaron en su muerte.

En la madrugada del 2 de julio de 1986, primer día del Paro Nacional, se dirigió con otros jóvenes a participar en el levantamiento de una barricada-fogata. Fue detenido junto a una joven integrante del grupo, por efectivos de una patrulla militar, uno de los cuales llevó hasta el lugar elementos incendiarios que los jóvenes habían dejado abandonados más atrás. Posteriormente, en un incidente confuso que se ha controvertido judicialmente, se produjo la inflamación de los dos detenidos. Los militares apagaron el fuego envolviendo a los dos jóvenes en frazadas. Luego los subieron a un vehículo militar y los dejaron abandonados lejos del lugar de detención. Más tarde fueron auxiliados por particulares y recogidos por funcionarios de Carabineros, quienes los hicieron transportar en un automóvil particular a un centro asistencial donde recibieron atención médica. Sólo logró salvarse la joven. Rodrigo Rojas falleció el 6 de julio en la Posta Central.

Conocidos y analizados todos los antecedentes del caso y las distintas versiones presentadas ante el Tribunal competente, esta Comisión tiene la convicción que Rodrigo Rojas fue víctima de grave violación a los derechos humanos, por cuanto su muerte, cualquiera sea el grado y la naturaleza de la responsabilidad individual de los involucrados, se produjo como consecuencia directa de las acciones u omisiones ilícitas de los efectivos militares.

Informe Rettig

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Extracto del informe de la OEA : SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VARIOS ESTADOS

http://www.cidh.oas.org/annualrep/85.86span/Cap4.htm

En el mes de julio y con ocasión de las jornadas convocadas por la Asamblea de la Civilidad para el 2 y 3 de ese mes, se produjeron ocho muertes. La polémica que rodea las circunstancias de una de esas muertes y las lesiones graves en otra de las víctimas exige una referencia específica. Se trata del caso de Rodrigo Rojas de Negri, estudiante de 19 años de edad que residía en Washington y se encontraba de visita en Chile de Carmen Gloria Quintana, estudiante de 18 años de edad.

Según denuncia presentada ante la Comisión, el 2 de julio de 1986, alrededor de las 8 horas de la mañana, Rojas y Quintana fueron capturados por una patrulla del Ejército en las proximidades de un lugar en el cual habían elementos como para construir una barricada, ambos fueron golpeados duramente por el personal militar, rociados con líquido inflamable, incendiados, envueltos en frazadas y abandonados. Rodrigo Rojas murió el 6 de julio siguiente como consecuencia de las quemaduras recibidas y presentaba quebraduras de costillas y de la mandíbula; Carmen Gloria Quintana permanece internada en grave estado, también por causa de las quemaduras, y tiene quebradas varias piezas dentales.

El mismo 2 de julio el Ministro del Interior solicitó la designación de un Ministro en Visita para investigar los hechos, mientras el Departamento de Relaciones Públicas del Ejército desmentía “categóricamente la participación de sus miembros en los hechos aludidos”. Como consecuencia de la solicitud del Ministro del Interior, la Corte de Apelaciones de Santiago designó al Ministro Alberto Echavarría Lorca para instruir el proceso. El 11 de julio, la CIDH recibió una comunicación en la cual se manifestaban serios reparos por el nombramiento del Ministro Echavarría, quien, según la comunicación, había cerrado recientemente “por falta de evidencias” el caso del estudiante Eduardo Jara Aravena, muerto en 1980 como resultado de torturas.

El día 18 de julio de 1986, el Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago emitió un comunicado según el cual, y de acuerdo a indagaciones realizadas,

…

el día 2 de julio, en circunstancia que una patrulla militar vigilaba el orden público, sorprendió a un grupo de personas que pretendía alterarlo y portaba material inflamable contenido en envases destinados a ese objeto. Entre dichas personas se encontraban Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. Asimismo según las informaciones proporcionadas por el personal a que se hará mención en el número siguiente, al volcarse uno de los envases con material inflamable, por la acción de uno de los propios detenidos, se encendió la vestimenta de los nombrados, la que fue apagada con frazadas que llevaba el personal militar.

3. Como consecuencia de lo anterior, esta Comandancia de Guarnición ha dispuesto la detención de los tres oficiales, cinco suboficiales y diecisiete conscriptos que habrían participado en los hechos mencionados y esta tarde ha oficiado el señor Ministro en Visita, don Alberto Echavarría Lorca, informándole tales antecedentes y poniendo a su disposición al personal señalado, para que investigue en conformidad a derecho su eventual participación y grado de responsabilidad.

El día 23 de julio, el Ministro Echavarría Lorca, con mérito en las declaraciones de los militares involucrados en los hechos, dictaminó:

a) que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 2 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero; y b) que no se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados, sino que se les dejó en libertad después de transcurridos unos momentos en un lugar y en condiciones no propicias para obtener esa atención.

Sobre la base de tal razonamiento, el Ministro Echavarría dejó en libertad incondicional a los detenidos con excepción del teniente Pedro Fernández Dittus, que comandaba la patrulla, por considerarlo supuesto autor del cuasidelito de homicidio y lesiones graves. La figura del cuasidelito aplicada por el Ministro en Visita está definida en el artículo 2 del Código Penal chileno y es aplicable cuando sólo existe culpa en quien comete la acción punible y no dolo o malicia, circunstancias en las cuales configuraría un delito. Estando involucrado personal militar, el Ministro en Visita se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Militar.

Ante tal situación, el señor Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Fresno, emitió una declaración pública en la que señaló que:

Nuestra misión de Pastor nos obliga a expresar profunda preocupación ante el grave deterioro moral que se aprecia en el caso de los jóvenes quemados y la inquietud que ha provocado el texto de la resolución del señor ministro en visita al respecto.

En esa resolución, reconociéndose que esos jóvenes “fueron detenidos, el día 2 de este mes, por una patrulla militar”, se establece que “se les dejó en libertad”, “en lugar y en condiciones no propicias para obtener”… “la inmediata atención médica de los afectados”… por un hecho que le había causado “quemaduras graves”.

Es fácil percibir que esta explicación ha resultado claramente insuficiente para toda la inquietud que en la comunidad nacional estos hechos han provocado. Por ello, hacemos un llamado a la Excelentísima Corte Suprema par que se arbitren los medios necesarios para llegar al fondo de esta investigación y la justicia resplandezca plenamente.

El país ha sido testigo de numerosos hechos delictuosos que han quedado sin sancionar y de numerosas investigaciones que no han sido aptas para determinar los responsables de crímenes que han conmovido a la opinión pública. Este caso que ahora se investiga, que ha afectado a toda persona con conciencia recta, no puede ser otro más que quede en la impunidad y en la oscuridad.

El prestigio del Ejército de Chile y de los Tribunales de Justicia, instituciones fundamentales de la República, están en juego en este proceso, lo que acentúa la obligación de realizar una profunda y acuciosa investigación.

Por otra parte, debemos recordar, una vez más, que la virtud de la justicia es esencial para conseguir la paz social, a la cual aspiramos todos los chilenos.

La Corte Suprema de Justicia, con el voto disidente de su presidente, señor Rafael Retamal, “lamentó” la declaración de Monseñor Fresno. Dos de sus integrantes, en voto separado, expresaron que “deploran con desagrado” el contenido de esas declaraciones.

El día 23 de julio, la Comisión recibió un telegrama del señor Presidente del Colegio de Abogados de Chile en el que le comunica que, por resolución del 7^o congreso Nacional de Abogados, se había decidido solicitar a la CIDH que investigue in loco los hechos que llevaron a la muerte de Rodrigo Rojas y a las lesiones graves de Carmen Quintana. Al día siguiente, la madre de Rodrigo rojas, señora Verónica de Negri, realizó una solicitud similar. En vista de ello, el señor Presidente de la Comisión transmitió tal solicitud al gobierno de Chile por cable del 28 de julio de 1986.

El 12 de agosto de 1986, la Corte Macial, interviniente en el caso a partir de un recurso presentado por abogados de los familiares de las víctimas, resolvió modificar la calificación penal efectuada por el Ministro en Visita y encargar reo al teniente Fernández Dittus por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte y de lesiones graves, en voto disidente, estuvo por mantener la calificación formulada por el Ministro Echavarría. La Corte Macial, igualmente, instruyó al Fiscal Militar para que continuara la investigación de los hechos, incluidos aquellos delitos originados en las acciones de las víctimas y de eventuales testigos.

Información proporcionada a la Comisión indica que el Fiscal Militar interviniente decretó el 22 de agosto el arresto de uno de los testigos importantes en estas actuaciones y que el 23 de ese mismo mes otro de los testigos fue secuestrado por ocho horas por un grupo de personas que le amenazaron con el objeto de lograr que modificara su testimonio que involucraba a los militares.

El 25 de agosto la Comisión recibió la respuesta del Gobierno de Chile denegando la solicitud de investigar en el terreno los hechos denunciados por considerar que

Existe una activa investigación judicial (en la cual) la primera parte del proceso estuvo a cargo de un Magistrado Civil, funcionario de carrera, Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de bien probada independencia, designado por la Corte en pleno.

…

… se trata de una materia que está claramente “sub-judice”, en pleno proceso de investigación con responsabilidades que ya comienzan a configurarse. Restan aún varias instancias en el proceso.

En estas circunstancias, es evidente que no se han agotado ni mucho menos las vías internas de recurso, lo que justificaría eventualmente la intervención de un organismo internacional con competencia en estas materias.

…

… sin perjuicio de las razones de tipo reglamentario que hacen en estos momentos improcedente la petición a que se está dando respuesta, ella sería contraproducente pues interferiría o crearía una vía paralela a la investigación en curso. Contrariaría además a claros preceptos de la legislación interna chilena.

La Comisión debe lamentar esta decisión del Gobierno de Chile que la ha privado de contar con los elementos que hubiese podido obtener a través de un procedimiento de esa naturaleza.

Organismos defensores de los derechos humanos de chile han señalado que en el presente caso han quedado los interrogantes siguientes: si se trató de un accidente ¿Cómo puede haber ocurrido que estando las víctimas en poder de la patrulla militar hayan resultado quemadas solo ellas? ¿Cómo es que fueron “puestas en libertad” según el juez Echavarría?; estando 25 miembros de la patrulla próximos a las víctimas ¿Cómo fue posible que ellas ardieran durante el tiempo necesario para provocarles la quemadura del 62 por ciento de sus cuerpos sin que se produjera la intervención de sus captores?; ¿Cómo es posible que sus ropas hayan ardido en tal proporción si no estaban embebidas previamente en combustible?

La Comisión observa can la más profunda preocupación la resolución adoptada por el Ministro Echevarría respecto a que a las víctimas se les había dejado “en libertad”. Sobre la base de los hecho disponibles respecto a la muerte de Rodrigo Rojas como resultado de la quemaduras recibidas y a las lesiones graves de Carmen Gloria Quintana, resulta extremadamente difícil comprender cómo un magistrado puede haber llegado a esa conclusión. Ante ello la Comisión se ve obligada a dejar constancia de su seria preocupación por la vigencia de las normas que regulan el debido proceso en Chile, tal como ellas se reflejan en la sentencia aludida.

Teniendo en cuanta que ha pasado más de un año y medio desde el crimen cometido contra los señores Parada, Guerrero y Nattino sin que se haya producido ningún fallo condenatorio, a pesar de la abundante evidencia existente, la Comisión desea expresar en la forma más enérgica que espera que el caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana no siga la misma suerte.

La CIDH espera, una vez más, que los tribunales militares lleven sus investigaciones has precisar las circunstancias de tal crimen y señalar a sus responsables. La Comisión encuentra oportuno referirse al respecto a su informe especial de 1985 cuando señalaba: