El Data Center que levantará Google en Cerrillos requiere 169 litros/segundo para enfriar sus servidores. Aunque el gigante tecnológico compró derechos de agua por esa cantidad, no se sabe si esos títulos estaban en uso, por lo que podría generar sobreexplotación. Inicialmente, la Dirección General de Aguas exigió aclarar esto, pero en un vuelco inexplicable le dio luz verde. El proyecto fue aprobado “a ciegas”, porque no se ha establecido cuál será su impacto real en un acuífero ya declarado zona de prohibición para nuevas extracciones. Parte importante de los derechos que utilizará Google fueron vendidos por el empresario Isidoro Quiroga quien, tal como reveló CIPER en 2013, ha amasado parte de su fortuna participando activamente en el opaco mercado de aguas chileno.
Cientos de miles de litros de agua para enfriar sus servidores necesitará Google –una de las cinco firmas más rentables de Estados Unidos, con utilidades por US$34 billones en 2019 (Fortune)–, para el que será su nuevo data center de 79.216 m2 a un costado del mall Plaza Oeste en la comuna de Cerrillos (Región Metropolitana).
Este controversial proyecto se presentó el 18 de julio de 2019 al Servicio de Evaluación Ambiental y se le otorgó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 25 de febrero de este año. El titular del proyecto es la sociedad Inversiones y Servicios Dataluna.
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Sumado a la presunción de la DGA sobre los derechos de agua que compró Google, Sebastián Piñera invirtió $698 mil dólares en Alphabet (holding al que pertenece Google). El proyecto Cerrillos Data Center ingresó a trámite un día después de la asistencia de Piñera al seminario “Google Ideas” en Montana, EE.UU.
Según la norteamericana filial de Alphabet, el objetivo del proyecto denominado Cerrillos Data Center es “proveer de servicios y aplicaciones de internet a diversos clientes de Latinoamérica”. En ese marco, el alto consumo de agua para la refrigeración de sus procesadores es mirado con atención por parte de distintos organismos públicos que participan en su proceso de evaluación ambiental.
Pero volviendo a la evaluación del proyecto en Cerrillos, la DGA ordenó a la norteamericana “detallar las medidas que implementará para asegurar que no se generen efectos adversos significativos sobre el recurso agua, como por ejemplo efectos en los niveles de pozos de terceros en atención a la extracción del recurso, almacenamiento de combustible en un área de un acuífero con vulnerabilidad moderada a la contaminación”. Más aún, considerando que si el proyecto genera impactos adversos significativos sobre dicho recurso debe ser evaluado como un “estudio” y no como una “declaración”.
Según la compañía, el proyecto considera la utilización de aguas subterráneas para el sistema de enfriamiento y de extinción de incendios durante la etapa de operación, las cuales se captarán mediante tres puntos localizados al interior del sitio. Es que si bien no contempla el uso del recurso hídrico de los canales en superficie, ni la descarga de efluentes líquidos en ellos, sí considera una intervención en el canal Derivado Santa Marta por medio de su entubamiento.
El ingreso a trámite de ese proyecto ocurrió un día antes del viaje que el presidente Piñera tenía programado a Estados Unidos (Montana), recogiendo una invitación extendida por Alphabet, matriz de Google, para participar del seminario “Google Ideas”. Ese viaje, al que Piñera iba a asistir haciendo uso de días administrativos, finalmente no se realizó.
En medio de ese episodio, las finanzas personales del presidente Piñera volvieron a levantar polvo. En marzo de 2018, el medio Labot había dado a conocer –poco antes de que fueran publicados oficialmente– los documentos de su fideicomiso ciego y los mandatos de administración de su cartera de valores al asumir como presidente. En uno de ellos, con fecha 7 de marzo de 2018, figuran invertidos $698 mil dólares en Alphabet, nave madre de Google (ver documento). La prensa no tardó en recordar esa inversión. Piñera se excusó de ese viaje informando que se quedaría en Chile para monitorear en persona el grave episodio de contaminación de agua potable que afectaba por esos días a la ciudad de Osorno.
LOS REPAROS DE LA DGA SE EVAPORAN
Desde un inicio la Dirección General de Aguas manifestó aprensiones al proyecto de Google en Cerrillos. De todos los organismos del Estado que participaron de su evaluación ambiental, el análisis de la DGA era el más importante. En su máxima capacidad operativa el proyecto compromete el consumo de 169 litros por segundo de agua, por lejos el factor más crítico de todos los que estaban bajo evaluación. Para ponerlo en contexto: esa cantidad equivale a consumir en 24 horas la demanda domiciliaria anual de agua potable de los más de 80 mil habitantes de Cerrillos, según cálculos de CIPER con documentos solicitados por Transparencia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Fueron varias las intervenciones de la DGA solicitándole aclarar al titular del proyecto, Dataluna, cómo se comportarían los niveles del acuífero “sin proyecto (situación actual)” y “con proyecto”. Hasta último minuto, enero de este año, la DGA manifestaba sus dudas: “el titular no entrega antecedentes necesarios para descartar que el proyecto no requiere presentar un Estudio de Impacto Ambiental, ante la generación de los efectos adversos, características y circunstancias sobre el recurso agua” (ver oficio).
Hasta entonces, Dataluna insistía en que los derechos de agua que adquirió para el proyecto no correspondían a nuevos títulos, sino que habían sido comprados a antiguos usuarios con derechos ya constituidos sobre ese acuífero. Por lo tanto, la extracción no implicaría una sobrecarga extra.
Ese oficio de la DGA está fechado el 31 de enero de este año y está firmado por quien había asumido hace poco como director metropolitano de la DGA, Ernesto Ríos. Solo un día después, el 1 de febrero se promulgó en el Diario Oficial el reglamento que declaraba al sector acuífero Santiago Central zona de prohibición para nuevas extracciones de agua subterránea (ver aquí).
El decreto fue publicado en medio de una serie de alertas que desde hace meses insisten en que el racionamiento de agua potable es solo cosa de tiempo en Santiago. El 24 de enero, el superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, se había referido a ese punto en una entrevista con El Mercurio: “Así como están las cosas, el próximo verano podría haber racionamiento. Este verano en la Región Metropolitana pasaremos con lo justo”.
El 7 de febrero, menos de una semana después de que se oficializara el decreto de prohibición para nuevas extracciones en el acuífero Santiago Central, la DGA evacuó su último pronunciamiento. Y ahí fue cuando las cosas cambiaron.
EL PUNTO CIEGO DEL PROYECTO
Lo que nunca se aclaró de manera cristalina durante la tramitación ambiental del nuevo centro de datos de Google –tal como debiera ocurrir con todos los proyectos sometidos a evaluación– fue si los derechos de agua ya constituidos estuvieron realmente en uso o no antes de que la compañía estadounidense los comprara. Al final, se presumió que sí, aunque no había pruebas fehacientes de que eso era cierto.
Hay una vía que permite saber eventualmente si un derecho de agua ha sido utilizado o no con anterioridad a una compra, aunque no es cien por ciento fiable. De acuerdo con la normativa, si una persona natural o jurídica mantiene derechos de agua en su poder sin utilizarlos, debe pagar cada cierto tiempo una patente por no uso y de eso hay registro, pues es un proceso que la DGA realiza todos los años.
CIPER revisó esa nómina para los diez últimos años y no encontró rastros que indiquen que esos derechos hayan estado afectos al pago de patente. La misma evidencia ocupó la DGA para presumir que los nuevos títulos de Google sí podían haber estado en uso con anterioridad a la compra.
El 7 de febrero la DGA se volvió a pronunciar y esta vez lo hizo de manera definitiva: “no existen antecedentes que permitirían presumir que los cuatro derechos de agua originales no estaban siendo ejercidos (…) toda vez que revisados los registros de pago de patente por no uso desde el año 2007 en adelante, estos derechos no estuvieron sujetos a dicho pago”.
Con base en esa información, la DGA concluyó que “la situación con proyecto no diferiría de la situación sin proyecto” y por tanto “los efectos ambientales serían inexistentes” (ver documento).
Tuberías que llevan y reciben agua para refrigerar instalaciones del centro de datos del condado de Douglas (Georgia, Estados Unidos). Fuente: Google.
Removido el obstáculo, la apuesta estrella de Google en Latinoamérica fue aprobada por la autoridad ambiental solo días después.
Expertos en aguas consultados para este reportaje hicieron hincapié en la imposibilidad de que la DGA fiscalice anualmente los cientos de miles de derechos entregados a particulares a lo largo de todo Chile. Indican que la DGA solo fiscaliza una muestra de ellos.
En vista de eso, CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a la Dirección General de Aguas aclarar si los derechos en cuestión comprados por Google al empresario Isidoro Quiroga y a la empresa sanitaria Lo Prado fueron fiscalizados por ese organismo entre 2007 y 2017.
La respuesta: “En relación con su requerimiento, podemos informar que en la base de datos del servicio no se registran verificaciones de obras asociadas a las resoluciones señaladas en su solicitud” (ver respuesta).
En otras palabras: los derechos adquiridos por Google en 2017 no pagaron patente con anterioridad no porque hayan estado necesariamente en uso, como presumió la DGA y la Comisión de Evaluación Ambiental, sino porque sencillamente nunca fueron fiscalizados por el organismo.
Así fue, con ese punto ciego no resuelto, que se aprobó el estratégico proyecto de Google.
DGA: “SE TRANSPARENTÓ TODA LA INFORMACIÓN”
En una respuesta por escrito enviada a CIPER, el director metropolitano de la DGA, Ernesto Ríos, insistió en que el megaproyecto de Google no implicaría una demanda adicional de agua en el sector acuífero bajo zona de prohibición.
“Este proyecto no requiere de nuevos derechos, sino que del uso de derechos de agua existentes (…) se trataría de los mismos derechos ejercidos en otro punto del mismo SHAC (sector acuífero Santiago Central) y, por no ser una nueva explotación, no habría una mayor extracción”, indicó.
El abogado además aclaró que la DGA transparentó toda la información que tenía disponible para que el Servicio de Evaluación Ambiental tomara la decisión de aprobar o no el proyecto: “Así, por ejemplo, en el oficio N°158 del 7 de febrero, se dijo que no existía información de campo y que la información disponible era secundaria”. Agregó que el organismo le hizo al SEA una serie de recomendaciones técnicas para resolver esa incertidumbre hidrológica.
CIPER también le consultó al abogado Ernesto Ríos sobre sus vínculos con el mundo privado y su rol en el fallido proyecto hidroeléctrico Mediterráneo. En agosto de 2018, apareció en el Diario Oficial una nómina de concesiones mineras con patentes impagas (causa rol C-3050-2018, “Tesorería General de Puerto Montt / Mediterráneo S.A.) donde figuran 65 concesiones a nombre del actual director metropolitano de la DGA, las que fueron solicitadas en 2009. Las concesiones inscritas a nombre del abogado cubren 6.700 hectáreas en la comuna de Cochamó, sobre las que cruzan diversos ríos.
Su respuesta fue: “entre 2008 y 2015 fui abogado en Prenafeta y Asociados, que tenía como cliente a la sociedad Mediterráneo S.A. En ese contexto se tramitaron las concesiones mineras y se realizaron las inscripciones mencionadas. Lo anterior no tiene ninguna relación con mis actuales funciones”.
AGUA, TIERRA Y MILLONES
Son 169 litros por segundo de agua los que Google ocupará en su etapa de máxima capacidad para bajar la temperatura de los servidores de los edificios de almacenamiento de datos de su nuevo proyecto en Cerrillos.
Para conseguir ese flujo continuo de litros, la compañía estadounidense recurrió al mercado chileno de derechos de agua. Allí existen múltiples actores y los precios del agua –tal como sucede con un vehículo, un par de zapatillas o un televisor de última generación– se autorregulan en virtud de la oferta y la demanda. Es un mercado en el que como cualquier otro también existen peces gordos: personas que han acumulado cientos de miles de litros por segundo a lo largo de todo Chile, a partir de derechos de agua que en muchas ocasiones han sido entregados gratuitamente por el Estado, y que esperan venderlos al mejor precio. A mayor escasez, mayor es el precio que alcanzan esos derechos.
Uno de los pesos pesados en el mercado chileno de derechos de agua es Isidoro Quiroga Moreno, protagonista de un reportaje publicado por CIPER en 2013 que develó cómo este empresario en las últimas dos décadas –y a través de distintas sociedades– había obtenido más de US$25 millones con la venta de derechos de agua, varios de ellos entregados gratuitamente por el Estado (ver reportaje).
Esta investigación da cuenta que Quiroga sigue activo en el mercado de las aguas. Una de sus sociedades, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi figura en la venta de una gran porción de agua a Google en 2017. Google hizo la compra a través de Loboflores Limitada, sociedad constituida en Chile en 2016 a partir de dos empresas matrices también domiciliadas en el estado de Delaware: Zois LLC y Mizzenmaste LLC.
CIPER rastró en escrituras notariales el origen de esos dos derechos, de 51 lt/seg. y 52 lt/seg., vendidos por Quiroga. Ambos originalmente formaban parte de un solo derecho de 402 lt/seg., comprado por Huturi a una sociedad (también relacionada a Quiroga) en $2 millones en 2006. Tras fraccionar ese derecho en varios pozos ubicados en la comuna de Peñaflor, Huturi se los vendió a Google en $328 millones en 2017. Tras la compra, los derechos fueron trasladados 15 kilómetros, quedando finalmente a un costado del mall Plaza Oeste, en Cerrillos.