La bancada de diputados de la Democracia Cristiana anunció el ingreso de una denuncia penal ante el Ministerio Público para que investigue presuntos hechos de corrupción en la contratación de Residencias Sanitarias durante la pandemia de Covid-19.
En específico, plantean que existen varias denuncias de irregularidades por la contratación de estos recintos a empresas vinculadas a funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales que dirige Arturo Zuñiga (en la foto, UDI). En las denuncias por corrupción están involucrados militantes de ese mismo partido.
La primera residencia sanitaria denunciada se trata del Hotel Clínico Spa, una propiedad perteneciente al militante de la UDI, Orlando Durán, jefe a la vez es jefe de la División de Atención Primaria de la mencionada Subsecretaría y encargado de la coordinación de dichos establecimientos. Hospital Clínico Spa, está ubicado en calle Mosqueto N°552 de la comuna de Santiago.
El contrato, celebrado el 11 de mayo y aprobado el 22 del mismo mes, contempla servicios prestados desde el 27 de marzo por un total de $205.586.304.
La segunda residencia sanitaria investigada por posible corrupción es una ubicada en San Antonio y tuvo un contrato directo sin licitación, por 187 millones de pesos. Se trata dell Hotel Puerto Mayor, de la comuna de San Antonio, en la Quinta Región, el que es propiedad de la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, también militante de la UDI.
El subsecretario Cristóbal Leturia dijo que el hotel lo manejaba su padre, Javier Leturia, uno de los fundadores de la UDI junto con Jaime Guzmán y que hoy está trabajando con José Antonio Kast, en el partido Republicano.
“Desde la bancada hemos iniciado el ingreso de una denuncia penal porque queremos que el Ministerio Público forme, dada la gravedad de los hechos, una unidad anticorrupción en lo que dice relación con la cuantiosa cantidad de recursos que se están distribuyendo y gastando a propósito de la emergencia sanitaria”, explicó el diputado Gabriel Silber.
El parlamentario se quejó también de que la reacción de la Subsecretaría ante algunas denuncias solo ha sido iniciar sumarios administrativos, sin funcionarios suspendidos de momento, como sucedió el fin de semana.
Asimismo, apuntó la situación ocurrida en la Región de Arica y Parinacota, donde la Contraloría suspendió la compra de canastas familiares por irregularidades en el proceso que involucró a una empresa y a la Intendencia.
“Jugando con la salud de los chilenos”
El ex presidente de la Cámara, diputado Fidel Espinoza dijo que “aquí nuevamente se está jugando con la salud de los chilenos. Ya tenemos serias dudas respecto al arriendo de Espacio Riesco, luego supimos el caso de un alto funcionario del Minsal que hizo negocios y ahora conocemos que el Gobierno está arrendando un hotel de propiedad de la familia del Subsecretario de Obras Públicas”.
“No nos parece que se estén haciendo negocios con esta crisis sanitaria. Esto demuestra que en este Gobierno se actúa sin pudor para hacer negocios. Dañando enormemente la fe de la ciudadanía respecto a lo loable que podrían ser las residencias sanitarias”, agregó el parlamentario por la Región de Los Lagos.
