De acuerdo con el reporte del ente judicial, las muertes se registraron en el marco del estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera el pasado 18 de octubre.
La Fiscalía de Chile precisó que cinco de las víctimas murieron por causa de agentes del Estado; otras 16 durante a supuesta comisión de delitos comunes y dos más durante su detención en una comisaría.
De acuerdo a esto y blindar judicialmente a Sebastián Piñera, el martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.
El martes 12 de mayo el gobierno ingresó un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, que pasó inadvertido para gran parte de la opinión pública.
En el Mensaje Nº 063-368, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, despacharon al Congreso una propuesta que, en sus fundamentos, altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
Descarga y ve aqui el proyecto en su integridad.
