El pasado 23 de enero, su abogado Cristián Muga envió una solicitud al jefe de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, donde le consultaba si el miembro de la Congregación de los Legionarios de Cristo podía volver al país en calidad de turista.
La salida de O’Reilly se produjo luego de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago emitiera una resolución dando cuenta del cumplimiento de su condena por abuso sexual reiterado a una menor de edad, momento en que comenzó un plazo de 72 horas para que dejara Chile voluntariamente. De lo contrario, el gobierno emitiría un decreto de expulsión. Así, tras 34 años en nuestro país, el sacerdote tomaba un vuelo a Roma señalando en el aeropuerto que “no soy un pedófilo”. Por esos días, su abogado ya daba cuenta de la posibilidad de que, a futuro, pudiera querer regresar.
Cuando en Interior leyeron la solicitud notaron que no era una simple pregunta, sino que un extenso escrito con argumentos por los que el sacerdote sí debería poder volver. Esto, en base a un informe en derecho encargado al abogado Javier Couso.
El informe apela a que el cura nacido en Irlanda cumplió su total condena en Chile y que dejó el país de manera voluntaria. “Las limitaciones de ingreso son inaceptables desde el punto de vista constitucional”, señala el escrito.
Extranjería y Migración respondió al abogado el 17 de junio en un documento de una carilla en el que se rechaza la solicitud. El tema, sin embargo, no quedó ahí: ese mismo día, el abogado de O’Reilly presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.
A raíz de esto, el tribunal de alzada pidió un informe al gobierno para que se pronunciara, lo que se concretó el lunes pasado.
En un escrito de 52 páginas, Interior pide a la corte que rechace el recurso de protección. La disputa aún no está resuelta.
